Un 66% de las empresas españolas, esto es, dos de cada tres, no cumple la obligatoriedad de presencia en sus plantillas del 2% de personas con discapacidad, según lo estipulado en la Ley de Integración Social de Minusválidos aprobada en 1982 (LISMI) para empresas de más de 50 trabajadores. El II Observatorio sobre Integración Laboral de SIFU muestra sin embargo que el grado de cumplimiento de la LISMI subió en 2006 un 10%.