La comunidad indígena de La Cocha, a unos 90 kilómetros de Quito, decidió este domingo sancionar con varios castigos y cinco años de trabajos comunitarios a Orlando Quishpe, acusado de matar a otro aborigen el 9 de mayo pasado. Inicialmente, la comunidad se aprestaba a aplicarle al presunto criminal la pena de muerte, una sanción no contemplada en la legislación ecuatoriana. Pero hubo un cambio de veredicto y Quishpe fue obligado a cargar, semidesnudo, un quintal de tierra al hombro, tras lo cual recibió baños de agua fría y azotes con ortiga.
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La constitución ecuatoriana reconoce la justicia indígena al establecer que las comunidades aborígenes "ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial".
Pero la constitución precisa que las autoridades indígenas aplicarán normas de justicia "para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarias a la constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales".