En ese requerimiento, el Ministerio exige a la Comunidad de Madrid que paralice la instrucción dada a comienzos de curso a los directores de secundaria para que eximan de cursar la asignatura a los objetores y ofrezcan a esos alumnos una atención educativa alternativa, consistente en realizar trabajos sobre la Constitución y desarrollar tareas de voluntariado en los colegios.