Con la actualización de la Foreign Intelligence Surveillance Act, aprobada ya por el Senado (60-28) el viernes -y el refrendo anoche de la Cámara de Representantes con mayoría demócrata (227-183)- los servicios secretos, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), pueden interceptar conversaciones telefónicas o mensajería electrónica de nacionales estadounidenses con presuntos terroristas en el extranjero con la firma del fiscal general sin pasar por un juez. Otra vuelta de tuerca más con la misma excusa de siempre.