El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho pública la comunicación al Ejecutivo español del caso de A.M.B. contra España y le ha preguntado «qué medidas concretas pondrá en marcha el Gobierno para garantizar su realojamiento» si se ejecuta la expulsión de una vivienda. La demandante, una ciudadana española de etnia gitana de 24 años, ocupa con sus dos hijos pequeños desde julio de 2009 un piso en Madrid del Instituto Municipal de la Vivienda. Se encuentra en paro sin prestación y recibe 500 euros mensuales de renta mínima de inserción.
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