La Fiscalía de Alicante alerta de que se trata de internos no peligrosos a quienes al juez autoriza antes del fin de la condena a regresar a sus comunidades a cambio de que estén bajo control médico, pero que no pueden salir al no estar garantizado su tratamiento. Tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo han alertado de cómo se desentienden algunas administraciones.