Feijóo admitió que el Gobierno gallego no sabe aún qué hacer con las estructuras que están a medio hacer y se negó a desvelar qué penalización contemplan los contratos que ahora habrá que rescindir. Dijo tener “una noción” de lo que habrá que pagar a las constructoras pero se la calló para no perjudicar la negociación de la Xunta, que confía en la buena fe de las empresas.