La reforma de la norma aprobada este verano por el Ejecutivo -que incluye el aplazamiento del la atención a las personas de nivel de grado uno hasta 2015, la reducción del 15% de las cuotas para el cuidado en el entorno familiar o la supresión de las cuotas a la seguridad social de estos cuidadores- "sólo será ética y justificable" si solo está destinada a atender a los más 200.000 dependientes graves que todavía no reciben ninguna prestación.