Tras la ratificación de la Convención Europea para la protección del Patrimonio Arqueológico (tramitada hace exactamente dos meses) se abre un horizonte incierto en la gestión de la arqueología española. ¿Afectará este nuevo documento a la legislación actual? Debe hacerlo por norma, pero la pasividad institucional en la reglamentación de la arqueología plantea dudas al respecto.