El alguacil Lou Vallario, del condado Garfield (Colorado), usó casi 570 mil dólares de fondos públicos para pagar a un grupo de abogados para defender ante la justicia el derecho de sus subordinados a usar pistolas eléctricas (Taser) en la cárcel donde se alojan a inmigrantes indocumentados.
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Se nota que no las ha probado en sí mismo.