“No hubo monitorización del parto, no había ginecólogo ni pediatra en el centro y el bebé nació sin respirar”. Estas son algunas de las causas por las que el Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Salud, indemnizará a una familia de Tenerife con 654 035 euros tras reconocer una cadena de errores producidos en un parto que se derivó a una clínica privada y que tuvo como consecuencia que el bebé naciera sin respirar, sin tener tampoco la reanimación adecuada.