En 2008 entraba en vigor el nuevo Impuesto de Matriculación, que vinculaba la cantidad económica a satisfacer al Estado por la matriculación de un vehículo nuevo a las emisiones contaminantes de CO2, y no a la cilindrada del vehículo como hasta entonces. La intención, por tanto, no era mala: incentivar la compra de aquellos vehículos con menor gasto de combustible y, por tanto, menores emisiones contaminantes. El problema viene porque incluso las autoridades se cuestionan si el criterio elegido para discriminar cuánto contaminan es correcto.