Desde hace cinco años existe una Ley de Justicia y Paz en Colombia aprobada por el partido del presidente Álvaro Uribe y rechazada frontalmente por la oposición. Para muchos colombianos sólo sirve para legalizar la impunidad de los grupos paramilitares. Si confiesan sus crímenes y ayudan a recuperar los restos de los desaparecidos, los beneficios judiciales son muy elevados.