Supuestamente, el reparto de las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE (incluido el canon digital), se realiza en gran medida de forma ilegal entre sus filiales, y no entre sus socios, como ordena el artículo 154 de la LPI. Los directivos de la SGE vienen participando en la creación y gestión de empresas filiales de la SGAE y, podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos