La juez que investiga los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, quiere fiscalizar gran parte de la actuación del Gobierno autónomo desde 2001. La magistrada desconfía de la información facilitada hasta ahora por el Ejecutivo socialista andaluz y, en un auto, ha solicitado copia de las actas de los Consejos de Gobierno de Andalucía (480), así como de las de los consejos de dirección de las consejerías de Presidencia, Empleo, Economía e Innovación y Hacienda en la última década.