La Junta Electoral Central (JEC) se ha visto obligada a rechazar que una persona invidente forme parte de una de las mesas electorales del 20 de noviembre y lo ha hecho porque el Gobierno no ha cumplido un mandato incluido en la Ley de 2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, que exigía una regulación más favorable.