La polémica ley de la UE, que promueve la expulsión de menores de edad y el encarcelamiento en centros especiales de inmigrantes sin papeles por hasta año y medio, fue rechazada por varios países latinoamericanos, que anunciaron iniciarán acciones contra la normativa y elevarán sus quejas a instituciones continentales como las Naciones Unidas o el Mercosur.