LA sola idea de que la Audiencia Nacional pueda acabar juzgando a los militantes de EA que instalaron un receptor de TDT en del repetidor del Perdón pone simplemente los pelos de punta. Que la Abogacía del Estado pida que sea un tribunal de excepción, especializado en temas de terrorismo y narcotráfico, el encargado de tratar una acción que no busca más que que un determinado grupo social pueda acceder a un medio de comunicación parece el colmo de los absurdos.
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Sólo así se explica que, por ejemplo, Tele Aragón pueda verse gratis y sin que nadie lo haya pedido, y que en el caso de ETB se aduzcan cantidades imposibles e improbables –lo demostró el receptor clausurado– para no satisfacer una demanda social real y palpable.
Comentar que el Gobierno de Navarra se negaba a poner este repetidor aduciendo que el coste sobrepasaba el millon de euros. Los particulares de los que habla la noticia la colocaron por 12000.
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