La Ley de Transparencia que está preparando el Gobierno y que no se le aplicará a la Casa Real impedirá a los altos cargos aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". La norma en la que figura esta exigencia no se le aplicará a la Casa Real por no ser una administración pública, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
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