Reconocidos especialistas del Hospital de León y Biezo se rebelan contra lo que consideran «una medida discriminatoria» que les obliga a jubilarse a los 65 años mientras que a otros se les permite continuar hasta los 70. Diez de los primeros veinte que han dejado sus puestos de trabajo esta semana por decreto han presentado impugnaciones ante la Consejería de Sanidad por considerar que se vulnera el principio de retroactividad, la legislación vigente que regula la prolongación en el servicio y reprochan al gerente la ausencia de motivos.