Aunque se habla de los funcionarios como un lastre para la sociedad, aproximadamente el 14% de la población activa en Galicia cobra el erario público directamente. Ni se trata de un porcentaje muy elevado ni de una ocupación indigna, pero llama la atención que más del 80% de un gobierno que se exalta de ser liberal y que defiende los beneficios que para la sociedad supone la empresa privada, tenga un cargo público esperando por él cuando remate su carrera política.
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(Traducción automática)
Nuestros liberales
Más del 80% de los integrantes del Gobierno gallego son funcionarios de alguna administración, mientras que en Galicia sólo el 14% de la población vive del erario público.
Las famosas nóminas ocultas de Esperanza Aguirre permitieron que saliera a la luz pública un hecho que no se aireaba demasiado: la lideresa liberal es funcionaria, en concreto adscrita al Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo. Tampoco se difunde en exceso que Rajoy es Registrador de la propiedad, una actividad a la que se accede por oposición.
Mas no sólo los liberales de Madrid chupan de la teta del Estado. La mayoría de nuestros también.
Don Recortes en la Sanidad y en la Educación Núñez Feijóo en su vida pisó una empresa privada y es funcionario de la Administración autónoma desde 1985, por eso no se entiende que en declaraciones a un periódico madrileño asegurara que “las administraciones muchas veces contratamos empresas porque no somos capaces de buscar la rentabilidad del empleado público. El capítulo de personal de las empresas públicas está hinchado. El sueldo de los funcionarios subió nos últimos años el triple del IPC. ES el momento de pedirles solidaridad”.
En realidad, de todos los consejeros, sólo se salvan la de Trabajo y Bienestar, Beatriz Mato, y lo de Economía e Industria, Javier Guerra, que vienen de la empresa privada, aunque la primera lleva muchos años relacionada con el sector público.
Al resto les pagamos ustedes y más yo de nuestros bolsillos. Veamos: El consejero de la Presidencia, Alfonso Rueda, es secretario de ayuntamiento; la de Hacienda, Marta Fernández Currás, inspectora de Hacienda y profesora asociada en Económicas en Santiago; lo de Medio Ambiente, Agustín Fernández, funcionario del Cuerpo Superior de la Xunta; lo de Educación, Xesús Vázquez, profesor titular de la UNED; la de Sanidad, Pilar Farjas, médico del sistema sanitario público; la de Mar, Rosa Quintana, funcionaria de la Consellaría de Pesca; lo de Medio Rural, Samuel Juárez, funcionario del Cuerpo nacional de veterinarios; y lo de Cultura, Roberto Varela, diplomático de carrera.
Aunque se habla de los funcionarios como un lastre para la sociedad, aproximadamente el 14% de la población activa en Galicia cobra el erario público directamente. Ni se trata de un porcentaje muy elevado ni de una ocupación indigna, pero llama la atención que más del 80% de un gobierno que se exalta de ser liberal y que defiende los beneficios que para la sociedad supone la empresa privada, tenga un cargo público esperando por él cuando remate su carrera política.
ES cómo cuando aparecía un dirigente comunista rico y toda la derecha extendía su dedo acusador, sólo que en este caso no sólo apareció un liberal con puesto de funcionario, son casi todos.
#1 Solo por el curro te mereces el positivo...
Ah, que es automática, entonces lo retiro... oh wait
Con GAL se refiere a libeggales?