La organización política centra su denuncia en el ataque contra la escuela de Irán en la que murieron 'al menos 165 menores', así como en la muerte de un sacerdote en Líbano.
La denuncia tiene valor simbólico, pero poco recorrido jurídico real. El Artículo 15 del Estatuto de Roma permite que cualquier organización envíe una comunicación a la Fiscalía de la CPI, pero el fiscal puede archivarla sin más trámite. El obstáculo es estructural: ni EE.UU. ni Israel ni Irán son Estados parte del Estatuto de Roma. Sin jurisdicción, no hay proceso. Estas comunicaciones construyen registro histórico y presión narrativa, pero no son acusaciones formales. Valor político: moderado. Valor jurídico: escaso.
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