El colectivo de progenitores ha decidido adoptar esta medida, según explica, "ante el silencio de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes a las más de 350 denuncias que presentó el pasado mes de mayo", por lo que han optado por interponer un recurso de alzada ante la consellera de Educación, Formación y Empleo solicitando el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación (LOE).