El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno definitivo a la directiva que obliga a todos los países de la Unión Europea a castigar con sanciones penales determinados delitos contra el medio ambiente. La norma, que debe estar en vigor en un plazo de dos años, contempla un listado de violaciones a leyes ambientales que deberán considerarse "delitos criminales" siempre que se realicen de manera voluntaria o como resultado de una negligencia grave.