La necesidad de que los estados dispongan de una ley de responsabilidad política es un debate emergente en el viejo continente. La escalada de corrupciones políticas, enmarcadas en un contexto de crisis y de recortes, es lo que ha hecho levantar la voz y ganar adeptos a los que reclaman una ley que controle y juzgue la gestión de los políticos. Pues bien, esta demanda también ha llegado a Andorra.