El contexto de esta subida fue un 2011 marcado por las esperanzas que generó la Junta a los parcelistas con su norma autonómica sobre construcciones ilegales, que se aprobó en enero de 2012. Recoge la categoría de asimilado a régimen de fuera de ordenación (coloquialmente AFO) como salida a miles de casas en suelo no urbanizable. Es un limbo por el que una edificación no alcanza la legalidad, pero sí se reconoce su ocupación y se le autorizan servicios básicos -siempre pagados por los propietarios- y ser inscrita en el Registro de la Propiedad.