El acuerdo establece tres protocolos de actuación: en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves; en la indagación de los delitos de riesgo y en la ejecución de las sentencias. También contempla la colaboración entre los diferentes organismos administrativos y facilita a jueces y fiscales, entre otros, la investigación de la titularidad mercantil para evitar que los empresarios puedan eludir su responsabilidad.A este acuerdo se han adherido los sindicatos CC.OO. y UGT, mientras que la CEOE no lo apoya
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