Gracias a leyes de 1946 (dictadura franquista) y de 1998 (de dudosa constitucionalidad), la Iglesia se ha estado adueñando gratuita y calladamente de miles de inmuebles: templos, ermitas, basílicas, atrios, casas rectorales, pisos, almacenes, garajes, frontones, cementerios, solares, viñedos, olivares que eran bienes de los pueblos en toda España. Contribuye así al empobrecimiento de todos y a la desintegración social al privatizar lugares públicos. Apoya la investigación de estos hechos y campañas de concienciación votando por esta iniciativa