"Todos tenemos que apretarnos el cinturón, pero si empezamos a recortar por los más desfavorecidos vamos a tener un problema de exclusión social, que en un país desarrollado no nos podemos permitir". Son palabras de Luciano Poyato, presidente de la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente (UNAD), quien advierte de que cerca de 35.000 pacientes, de los 105.000 que atienden, perderán su tratamiento y se quedarán en la calle como consecuencia del tijeretazo.