La Ley Concursal de 2003 supuso la sustitución del arcaico y disperso régimen legal decimonónico que regulaba las suspensiones de pagos y quiebras por un modelo más actual. Pero la crisis económica ha puesto de relieve el fracaso de sus dos grandes principios inspiradores: la conservación de las empresas en crisis y la satisfacción de los acreedores ordinarios.