El objetivo es muy claro: impedir que las garantías de los arrendatarios impidan la especulación con las viviendas actualmente vacías. Si el propio Gobierno admite en la exposición de motivos que existe “un elevado número de vivienda en propiedad vacía y sin ningún uso”, ¿por qué no se penaliza fiscalmente ese excedente? ¿Por qué se siguen atacando los derechos de los usuarios?