El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Illescas ha establecido la existencia de coacciones por parte de un ayuntamiento, el de Cedillo del Condado, a una constructora con el fin de sacarle 108.000 euros. Por ello, ha anulado un contrato de donación de este dinero firmado en el pasado mandato a favor del Consistorio sagreño por la empresa, al entender que se la forzó a ello para obtener unas licencias de obras a las que tenía derecho. Esta sentencia dice al ayuntamiento a que dé el contrato por anulado y que se olvide de su cobro.
Comentarios
Lo que ha sucedido estos últimos 30 ańos con la ley del suelo y su aplicacion es demencial (además de la sentencia del constitucional) Los ayuntamientos lo han visto como una fuente de financiación más, peor que un usurero.
Si tienes derecho a construir (o montar un negocio o...) tienes derecho, si te faltan papeles, te faltan estos, déjeme que me ayude. Se han parado proyectos desde ańos con el coste que tiene (o negocios)
Todo el mundo quiere controles, pero ágiles, no rémoras. Si esas pequeńas porculerias las multiplicas por millones en todos los ámbitos de la administración se concluye que el Estado, en vez de ayudar (a todos) es un freno. Y soy "muy estado". Pero no así
#DesahogoMatutino
naturalmente nadie ira a prision