Las arriesgadas apuestas políticas en la gestión del patrimonio de nuestros gobiernos pueden abrir la puerta a procesos legales serios. La nueva ley de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Madrid va a rozar la inconstitucionalidad y a fomentar el expolio. Ahora, con la votación sobre la declaración de Bien de Interés Cultural a los toros, se incurre en una incompatibilidad de competencias ya sentenciada por el Tribunal Constitucional.