La muerte del marine Carmelo Rodríguez, a quien médicos militares diagnosticaron melanoma pero sin informarle su estado, lo que llevó a que no siguiera ningún tratamiento durante ocho años, ha puesto en tela de juicio la Doctrina Feres, una ley de 1950 que prohíbe a soldados en activo o a sus familiares demandar al gobierno por daños a la salud sufridos durante el servicio, bajo el único argumento de que la posibilidad de demandas amenazaría el orden y la disciplina del ejército.