Ellos mismos son los que fijan las cantidades a desviar desde las arcas del Estado para sus partidos, en donde se reparten el botín para obtener unos extras. Eso sí, con leyes o reglamentos diseñados expresamente para ello. Todo legal. En comunidades autónomas y ayuntamientos ocurre lo mismo, ya que sus miembros electos también fijan sus propias remuneraciones.