Pero la ley no cumple lo que anuncia: limita al 25% la presencia estatal del servicio publico, reduce al ámbito municipal las iniciativas sociales y regala el 75% de las licencias a los negocios audiovisuales. Lo peor es la reclusión municipal de las iniciativas sociales. No podrán, por ejemplo, tener una radio o una televisión de difusión estatal o autonómica los sindicatos, las universidades, las asociaciones de consumidores o las coordinadoras estatal y regionales de las organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo.