Animados por sus asociaciones sectoriales los transportistas acuden a los tribunales de justicia para reclamar la devolución del IVMDH cuya recaudación se entrega a las arcas regionales y que se compone de un tramo estatal -que grava con 4,8 céntimos cada litro de combustible- y uno autonómico -cuya cuantía puede oscilar entre cero y 2,4 céntimos y que sólo ha sido aplicado por seis gobiernos regionales que salvo Madrid han optado por establecer la máxima cuantía-. Un tributo cuya legalidad ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea.