Como ciudadanos, tenemos derecho a conocer la financiación de los partidos políticos y sus vínculos con empresas y bancos. El Tribunal de Cuentas tiene la obligación legal de publicar esos informes. Esta transparencia es una de las garantías de una democracia en buen estado. El Tribunal de Cuentas no puede seguir haciendo caso omiso a la ley y debe publicar estos informes inmediatamente.