La decisión del Govern de despedir a unos 600 trabajadores indefinidos no fijos de sus empresas públicas sin ninguna indemnización se ha visto duramente golpeada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que en una sentencia ha declarado nula la suspensión de una de estas relaciones laborales, tal y como adelantó Diario de Mallorca. Pero además ha ido más allá, y ha denunciado el fraude de ley que en su momento las Administraciones públicas cometieron con muchas de sus contrataciones.
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Esto implica que no sólo va a tener que readmitir a todo el mundo, sino que les van a tener que pagar un año de salarios de tramitación, que con 600 personas no es moco de pavo. Y todo por ver si colaba y por maquillar un poco las cifras de déficit "aplazando" el pago hasta que saliese la sentencia.
Me alegraría más si no fuera porque esto, al final, se pagará con dinero público, y semejante sangría de dinero se traducirá en más recortes. Si el mundo fuera justo, al menos se les pediría responsabilidades a los lumbreras de la abogacía de la CA, que decidieron que era legal despedir sin indemnización.