Madrid es una ciudad que, históricamente, se ha preocupado muy poco por la protección de su patrimonio y la situación actual, lejos de mejorar, está en un momento crítico. Escudándose en la crisis económica en la que nos estamos viendo inmersos por la covid-19, administraciones como la Comunidad de Madrid están planteando reformas en la ley del suelo, que facilitarían la actividad urbanística, eliminando trámites administrativos y sustituyéndolos por una “declaración responsable” de las empresas constructoras que pondrá en peligro.