El uso sin transparencia, supervisión, ni rendición de cuentas de un algoritmo discriminatorio en Países Bajos provocó que 26 mil familias inocentes fueran acusadas de fraude a los programas de beneficios sociales de este país. Los daños financieros y sociales a las familias acusadas sin fundamento de fraude fueron mayúsculos, obligándolas a pagar miles o decenas de miles de euros en multas, sin la posibilidad de acceder a esquemas de financiamiento y llevándolas a la bancarrota.
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Países Bajos veta un algoritmo acusado de estigmatizar a los más desfavorecidos
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