La orden que permite a la Junta de Andalucía, por primera vez, derivar a pacientes de atención primaria a la sanidad privada fija el precio de la consulta en un máximo de 65 euros, un 48,5% más de lo que paga a los médicos de la pública por cada hora que prolongan voluntariamente su jornada por las tardes. La Consejería de Salud implantó ambas medidas con la misma razón de ser, esto es, articular fórmulas para paliar el déficit estructural de médicos en el SAS, que afronta un ritmo de 600 a 700 jubilaciones al año para la próxima década.
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