El Gobierno aprobó este martes un real decreto-ley que le permite topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia. Lo hizo a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y ha desatado inmediatamente la irritación de amplios sectores empresariales afectados, entre ellos el de los grandes almacenes. El decreto establece que cuando se produzcan emergencias como el accidente de Adamuz o la Dana, «los precios no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar en un 50% "
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