La exculpación se extiende hasta para el único acusado que había mantenido el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, el promotor ilicitano Ramón Salvador, quien asumió que había pagado a los abogados del despacho Salvetti, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez, para que se aceptasen sus alegaciones al PGOU respecto a unos terrenos de su propiedad: si no existe delito para el resto de los procesados, no podía estimarse tampoco para él.