Tras décadas de abandono de las cuestiones medioambientales de Gijón, desde el mantenimiento de la antigua estación a la contaminación industrial en el oeste, a cargo de la multinacional Arcelor y los graneles sólidos del Puerto, la ordenanza de movilidad sostenible impone a las clases populares (55.705 vehículos) la compra de un coche con etiqueta ambiental en un plazo de 1 a 5 años para circular, en un escenario de gran precariedad del transporte público en la ciudad y el centro de Asturias, con una alta dependencia del coche para desplazarse
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