Los siete magistrados de sensibilidad progresista han avalado, desde hace un año y medio, las grandes leyes de la pasada legislatura, por ejemplo, la ley de eutanasia; el aborto; la ley rider, que pone coto al empleo de los falsos autónomos y garantiza los derechos laborales de las personas que trabajan en el reparto a través de plataformas digitales; la ley Celaá, la vigente ley de educación que acaba con la prohibición de qué colegios que segregan por sexos reciban ayudas y conciertos públicos.
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