La ciudadanía española despertó hace años y presenta anualmente miles de denuncias contra el Estado ante los organismos europeos por corrupción judicial, sobre todo en el ámbito de la sumisión del tercer poder a los intereses de las entidades financieras. Se están produciendo movimientos entre los europarlamentarios para que nuestro país sea incluido en esa lista negra de países (Polonia, Hungria) cuyas instituciones socavan la democracia y los derechos reconocidos a los ciudadanos.
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