Se trata de un nuevo capítulo en el litigio que enfrenta a Argentina con fondos buitre como Burford y Eton Capital por la expropiación del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Es en respuesta a una petición del fondo Burford en el litigio por la estatización de YPF
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