El movimiento del juez tenía por finalidad que Puigdemont no pudiera acogerse a una ley de Amnistía que excluyera los delitos graves de terrorismo. El terremoto que produjo en plena negociación la decisión del juez tuvo un resultado próximo al bochorno: García Castellón había dictado una prórroga fuera de plazo, las defensas se percataron, y la Audiencia Nacional tumbó toda la instrucción. Por el camino, cascadas de titulares en los medios de comunicación y el aplauso de la derecha política y mediática.
Comentarios
tenía por finalidad que Puigdemont no pudiera acogerse a una ley de Amnistía que excluyera los delitos graves de terrorismo.
¿La solución?
Llamarle delito grave de terrorismo a lo que sea.
ESTO es la justicia española.
Ni a Maduro ni a Sánchez parece que les gusta mucho la justicia
#2 y muchísimo menos a los pepesunos y pepetarras desde Camps a Zaplana y aun menos a los presidentes y presidentas de Madrid.