“No es extraño que se den casos de robos de bienes públicos”. En una entrevista en La Razón, apenas tres años antes de que Rita Barberá perdiera la alcaldía, la funcionaria Esmeralda Orero, la servidora pública con más galones investigada en el 'caso Azud', aseguraba que “las decisiones las toma un político y las ejecuta un técnico”. Los prolegómenos de los pelotazos de la presunta trama (fundamentalmente los pliegos de contratación) pasaban por las manos de un selecto grupo de funcionarios que han declarado ante la jueza instructora.
Comentarios
, el fiscal anticorrupción Pablo Ponce recuerda que la ley española permite el decomiso de las ganancias ilícitas incluso después del óbito del investigado para que “en ningún caso se pueda producir un aprovechamiento de las ganancias” por parte de los herederos.
Me gustaría que esto se cumpliera y que la familia tenga que devolver todo lo que ha sido robado.
Pues vaya merder que debe haber en Valencia. Bueno, siempre han sido muy de chanchullos y economía sumergida